Question 1

¿Cuál es la normativa principal que rige el KYC en México?

Accepted Answer

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Question 2

¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en casos de embargo en México?

Accepted Answer

El INEGI en México es la institución encargada de recopilar y difundir información estadística y geográfica. En casos de embargo relacionados con deudas de instituciones gubernamentales o asociadas con la recopilación de datos, el INEGI puede intervenir para garantizar que se cumplan las regulaciones y proteger los derechos de los acreedores. También puede recibir quejas en situaciones de embargo.

Question 3

¿Qué sucede si una persona tiene antecedentes penales en México y se traslada a otro estado dentro del país?

Accepted Answer

Si una persona tiene antecedentes penales en México y se traslada a otro estado dentro del país, los registros de antecedentes penales generalmente siguen siendo accesibles y aplicables en todo el territorio nacional. La gestión de los antecedentes penales suele ser a nivel nacional, y los registros suelen ser compartidos entre las entidades judiciales y de seguridad pública de todo el país. Es importante recordar que los antecedentes penales siguen siendo relevantes en cualquier parte de México.

Question 4

¿Cuál es el papel de las empresas de seguridad informática en la detección y prevención del fraude por internet en México?

Accepted Answer

Las empresas de seguridad informática en México tienen el papel de desarrollar y ofrecer soluciones tecnológicas para la detección y prevención del fraude por internet, como software antifraude, herramientas de análisis de datos y servicios de seguridad gestionada, así como de colaborar con otras empresas y agencias gubernamentales para combatir el crimen cibernético.

Alba Edith Saquin Bravo